Omar Santana(@omarsantanar) instagram tagged download

🖋️ | #Tintineo| El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián vuelve a meterse en problemas que muchos ignoramos o en los que preferimos no involucrarnos. No es algo extraño en sus más de 40 años de trayectoria de servicio social. Con epicentro en Cristo Rey, sus apellidos se han convertido en un símbolo de bondad.

Su labor parte de una idea sencilla: la medicina no puede depender únicamente del bolsillo del enfermo. A su vocación sanitaria ha sumado programas de alimentación, vacunación, cirugías, asistencia a envejecientes, atención a enfermedades de alto costo y otros servicios que exceden mi conocimiento sobre su obra. Solo lo he tratado profesionalmente.

Ahora se propone levantar el Hospital de la Dignidad, destinado a ofrecer cuidados paliativos a pacientes terminales pobres, personas para quienes ya no existe una cura, pero que merecen controlar el dolor, recibir atención médica y pasar sus últimos días acompañadas por sus familias de manera digna.

La iniciativa es difícil de cuestionar, pero también obliga a preguntarnos por qué una necesidad tan elemental sigue dependiendo, en buena medida, de la filantropía.

Morir sin dolor evitable, con atención médica y acompañado, no debería ser un privilegio de quien tenga los fondos exclusivamente en un país donde todavía es difícil romper el círculo de la pobreza. Tampoco es un problema exclusivamente dominicano. Mundialmente es una tarea relegada.

Para el proyecto, Cruz Jiminián pretende reunir unos 100 millones de pesos y construir inicialmente 30 habitaciones. Luego vendrá lo verdaderamente duro. Deberá garantizar médicos, enfermeras, medicamentos, alimentación y financiamiento permanente, después que desaparezca el entusiasmo del primer picazo.

El reto será sostener una obra destinada a personas que ya no tienen posibilidad de producir ingresos. Y es allí donde radica el sentido más humanista: no abandonar a quienes no pueden ser curados. Ese desafío exige respaldo público, privado y ciudadano más allá de una donación inicial. Hay que apoyar al doctor Cruz Jiminián. De la muerte, al final, nadie se escapa.

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$🖋️ | #Tintineo| Imaginemos que mañana el Congreso aprueba la Ley del Calié del Tránsito y que, de repente, cualquier ciudadano puede ganarse la vida fiscalizando las barbaridades que ocurren diariamente en nuestras calles. Basta pararse en cualquier esquina y observar a un agente de la Digesett debajo de una mata mientras, frente a él, uno se va con la luz del semáforo en rojo, otro dobla donde no debe y un motorista circula en vía contraria. Eso se ve hasta frente al Palacio Nacional y nadie hace pagar el irrespeto. Cambiemos el modelo, pues. La ley Calié permitirá que usted instale una cámara en su vehículo y continúe normalmente con su vida. Al final del día revisa la grabación. Cada infracción en la que aparezcan claramente la falta, la placa, el lugar y la hora puede convertirse en una denuncia electrónica. El que no haya hecho el traspaso de un vehículo: problema suyo. Un sistema automatizado y sin intermediarios que extorsionen o que actúen con desidia, revisa el audiovisual. Y de confirmar la violación, coloca la multa e informa al calié de que el chivateo fue ejecutado con éxito, como cualquier transacción de una empresa privada eficiente. Por su trabajo el calié recibe el 40 % de todo lo que finalmente se cobre. Pero para que esto funcione de verdad habría que darle capacidad de que ejecute como cobrador compulsivo anónimo, dentro de los mecanismos legales, y que pueda coaccionar a una persona para que asista a la corte de tránsito o a pagar por vía administrativa su falta; exigir electrónicamente que se active el cobro y seguir la multa hasta que aparezca como pagada y cobre su dinero. Un sistema orwelliano trabajando para mejorar el tránsito. 👉 Continúa leyendo el artículo en DiarioLibre.com #DiarioLibre #DLOpinión$

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🖋️ | #Tintineo| El nivel de conocimiento que tienen algunos regidores del Gran Santo Domingo sobre la dimensión pública de sus funciones queda, como mínimo, en entredicho cuando las salas capitulares que integran no divulgan de manera sistemática las decisiones que adoptan u obligan a que la solicitud se realice a través del portal de Acceso a la Información Pública.
Un ciudadano debería poder acudir al ayuntamiento —de manera presencial o virtual—, consultar el archivo de la Sala Capitular y conocer cuáles son los proyectos aprobados y cuáles están en discusión, además de conocer la agenda municipal reciente.
Mantener bajo llave las ordenanzas y resoluciones es una decisión ilegal cuyo único objeto es esconder lo que allí ocurre y no con buenos fines. No se puede presumir la inocencia ante una acción contraria a la ley.
Sin acceso a esas decisiones, el ciudadano común no tiene forma sencilla de saber si el regidor que eligió está defendiendo los intereses del municipio o aprobando proyectos perjudiciales para su comunidad al favorecer intereses particulares.
Todo queda reducido a la intimidad de una sala donde deliberan mujeres y hombres escogidos precisamente para representar públicamente a sus munícipes.
Estamos hablando, en particular, de las alcaldías de Boca Chica, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos, visitadas por periodistas de Diario Libre y donde ninguna de ellas ofreció información fidedigna sobre sus reuniones, que, según la ley, deben realizarse cada 30 días.

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